CONSIDERACIONES SOBRE EL FACTOR RELIGIOSO EN LA PÉRDIDA DEL TERRITORIO DE TEXAS,  1821-1835

México, un país católico preocupado por integrar su territorio

México nace a la independencia de una preocupación y una condición; resolver el problema urgente de poblar las zonas fronterizas. Desde los primeros tiempos de la colonia fue evidente la necesidad de poblar las fronteras que se fueron  reconociendo  como  tales: las misiones  y presidios del norte fueron la respuesta a la amenaza de penetración de otras naciones. Pero, presidios y  misiones no fueron suficientes para propiciar  el poblamiento. Antes de que la independencia, se había aprobado en las Cortes españolas una ley para distribuir tierras y propiciar la colonización en las zonas no desarrolladas. En México, durante los años de lucha 1810- 1821, no abundaron las preocupaciones sobre el particular, aun cuando Morelos en 1813 estableció requisitos para la inmigración que desde luego perfilaban ya los de los años por venir. Los inmigrantes debían ser católicos romanos y artesanos. La Constitución de Apatzingán, ofrecía la ciudadanía mexicana a los extranjeros de religión católica con la única condición de que no se opusieran a la independencia de México. La cuestión de la inmigración, en el caso de México resultaba absolutamente unida a la del aumento de la población. “Aproximadamente siete millones de mexicanos formaban la población de 1821 y no bastaban para poblar un país que se extendía de Oregón a Yucatán y de Texas a Guatemala.”En realidad, aceptada la idea de dirigir la inmigración a las regiones fronterizas. Lucas Alamán, en sus observaciones como ministro de Estado durante la primera década del México independiente, mostraba la esperanza de que las tierras de la frontera norte pudieran ser domeñadas por agricultores europeos.

El  periodo de 1820 a 1830 parece ser el de mayor preocupación por el asunto y por ello se elaboraron de leyes sobre él. En agosto de 1822 José Bernardo Gutiérrez de Lara presentó un proyecto de ley general de colonización que garantizaba la libertad, propiedades y derechos civiles a todos los extranjeros católicos.

Un proyecto similar fue presentado por Valentín Gómez Farías. Quizá, proponía que en vez de doscientas familias se pidiera a los empresarios cincuenta familias para proceder a la colonización. “El debate en la Tribuna del Congreso fue breve porque no estaban a discusión ni el valor ni lo deseable que era la inmigración.”

La ley no alcanzó a ser aprobada; Iturbide disolvió el Congreso y creó la Junta Nacional Instituyente, que revisó y aprobó el proyecto de la Comisión de Colonización, ya desaparecida; de allí resultó la ley del 4 de enero de 1823, que tuvo corta vida, porque, acto seguido Iturbide fue destronado, y el nuevo ministro de Estado don Lucas Alamán afirmaba, en noviembre de 1823, que México aún carecía de una ley de colonización aceptable. En octubre de 1821 fueron aprobadas dos leyes que revelan su influencia. Una exigía que los extranjeros se registraran ante un funcionario local y declararan el propósito de su estancia en México; la otra se refería a la autorización que debía otorgarse a los extranjeros para invertir en la minería.

Por esos años (1823-1824), Alamán tuvo noticia de que la inmigración estadounidense era cada  vez más difícil de controlar y si no se  ponía fin al desorden, México pagaría un alto precio para restablecer su soberanía. Eso lo llevó a insistir en el año de 1823 en que se necesitaba una ley general de colonización.

El 31 de enero de 1824 se formuló el Acta Constitutiva que establecía el régimen federal y cuando Guadalupe Victoria   tomó posesión  como primer  presidente de la República, el Congreso ya había aprobado la ley del 18 de agosto de 1824 que   se convertiría en la piedra angular de la colonización de México. Pero, a diferencia   del documento formulado durante el gobierno de Iturbide, que buscaba abarcarlo todo, la nueva ley reflejaba las mal definidas limitaciones del poder que se derivaban de un sistema federal inexperto. Lorenzo de Zavala explicó que la ley expondría las líneas generales y dejaría a los estados algunas de las cuestiones específicas.

Texas pertenecía al estado de Coahuila, el cual, en marzo de 1825, formuló una de las leyes más liberales en materia de colonización: “Todo Coahuila y Texas se entregaba a los extranjeros sin más taxativas que el requisito de profesión religiosa, y la prohibición de ocupar terrenos comprendidos dentro de la zona fronteriza de veinte leguas y de diez a la orilla del mar”.

Así, pues, si en las hondas preocupaciones de don Lucas Alamán estaba la de los inmigrantes extranjeros en la zona fronteriza, no le correspondía en ese momento tener mayor injerencia en la cuestión.

 Zavala, que con frecuencia se encontraba en malos términos con Alamán, representaba el polo opuesto a la política cada vez más restrictiva que éste seguía con respecto a Tejas. El gobierno de México, escribió Zavala en su Ensayo histórico, era un anacronismo, mientras que el de los Estados Unidos era un modelo para el progreso. Se negó a aceptar la tesis de que el conflicto entre los Estados Unidos y México respecto a Tejas era inevitable y para él la colonización de Tejas por estadounidenses era el primer paso de un proceso pacífico en el que los mexicanos adoptarían las costumbres superiores de los colonos. En 1825 se efectuó la conexión entre el ministro Poinsett  y la “extrema  izquierda del federalismo” organizados dentro de las logias del rito yorkino de la masonería, es conveniente recordar aquí las palabras de Poinsett al ministro de los Estados Unidos en la Gran Bretaña: “Vine aquí dispuesto a hacer causa común con su enviado, para extender los principios liberales de comercio, para la protección mutua de nuestra industria y capital y para la difusión de sentimientos religiosos más tolerantes”. Y justamente era en el terreno de la tolerancia religiosa en donde tocaba las fibras sensibles de algunos liberales

Alamán, de regreso en el gobierno, quiso poner orden al problema de Texas. La  proposición de Alamán era unir a Texas con la nación, antes de que fuera demasiado tarde prohibir que se establecieran los estadounidenses. Fomentar la   emigración de mexicanos al norte y permitir que entraran extranjeros de distintas lenguas y costumbres a las de los norteamericanos, además de aumentar las tropas para defender el territorio. El 6 de abril de 1830 se expidió una ley, cuyo artículo 11 se refería a la colonización:

El 18 agosto de 1824, se prohíbe colonizar a los extranjeros limítrofes en aquellos estados y territorios de la federación que colindan con sus naciones. En 1823, el Congreso de la Nación Mexicana convidó a los ciudadanos de los Estados Unidos del Norte a poblar las fronteras y como aliciente ofreció una liberal donación de terreno a cada familia, el presupuesto objeto del gobierno era habitar el desierto y someter el país a los mejores intereses de la nación, era entonces desconocido el hombre civilizado, era la mansión de los rapaces y hostiles indios.

Por su parte, la legislatura de Coahuila y Texas también propuso su derogación; se alegaban los perjuicios acarreados por el mencionado artículo 11. Entre otras cosas, impidió los grandes contratos de colonización con individuos laboriosos de una nación amiga.

Finalmente, se consiguió la derogación del artículo el 14 de octubre de 1833. Se autorizó al gobierno de Coahuila  y Texas  gastar las cantidades necesarias en la colonización de los territorios de la federación y demás  puntos baldíos en que   tuvieran facultad de hacerlo. Se le autorizó para que con respecto a los terrenos colonizables tomara cuantas medidas creyera conducentes a la seguridad y al mejor progreso y estabilidad de las colonias.

Vicente Rocafuerte, como diplomático mexicano en Londres, había sido testigo del fracaso de los proyectos de colonización por la incapacidad del gobierno de México de garantizar la tolerancia religiosa.

De hecho, unos por cada causa -pudo ser la tolerancia- y otros por otra, no consiguieron los tan anhelados emigrantes católicos para solucionar el problema del poblamiento del lejano territorio.

Los conservadores que, teniendo como punto de partida la Constitución de 1824, querían garantizar la supremacía de la Iglesia católica, le daban el carácter de religión del país a la católica y excluían la tolerancia de las demás y, por tanto, insistían en que no podía permitirse el ingreso al país de los no católicos. Por su parte, la actitud de   los representantes del liberalismo durante los años que me ocupan nos revela que éstos no perdieron la oportunidad de manifestarse en favor de la tolerancia religiosa, aunque dentro de un marco legal nunca consiguieron derribar la barrera que significaba para México, la intolerancia en materia de religión. Los Estados Unidos, un país protestante ocupado en su expansión Cuando en abril de 1814 Samuel Kemper junto con Bernardo Gutiérrez de Lara se apoderó de San Antonio de Béjar y proclamaron desde su plaza pública la independencia de México, el hecho despertó un enorme interés en los Estados Unidos y vigorizó las esperanzas independentistas. Lo ocurrido anunciaba “el completo aniquilamiento de la autoridad papal” en aquellas regiones y que la provincia de Texas sacudía el yugo español e instituía un sistema republicano de gobierno”.

En febrero de 1819 España y los Estados Unidos, con la firma del Tratado de Onís, fijaban la línea divisoria de sus posesiones, hasta entonces se respetaba el derecho bien definido de España al territorio de Texas. En los años inmediatamente posteriores, España perdió sus 5colonias; hacia 1821 casi todas se habían declarado países independientes

Vinieron después las fórmulas conocidas de la Doctrina Monroe. “La doctrina Monroe únicamente expresó con toda claridad aquello en que creían los norteamericanos desde los comienzos de su política exterior”. A los ojos de los norteamericanos, el Viejo Mundo de Inglaterra y Europa parecía regresivo, corrupto y plagado por las guerras y los odios tradicionales. El Nuevo Mundo, creían, era democrático, libre, progresista y lleno de esperanzas”.

Pero, las dificultades que encontraron para hacerse del territorio llevaron al gobierno a tomar conciencia de un hecho que para el momento en que fue expresado era, en un sentido, incontrovertible: “Con una población a la que difícilmente podrán gobernar en  un lapso breve no se encontrarán tan  adversos,   como hasta ahora los están, a desprenderse de esa porción de su actual territorio”.

La realidad de la porción de Texas es que seguía siendo una región poco conocida y casi deshabitada. El núcleo de la colonia de Stephen Austin, heredero de   l a   concesión hecha  a  su padre por el gobierno virreinal, era la empresa reciente que estaba lista para arrancar. Mientras los colonos se instalaban en las tierras que se les aseguraban, Austin tuvo que ir a la ciudad de México a que el gobierno independiente le refrendara la concesión virreinal. Permaneció ahí desde el 29 de abril de 1822, por espacio de un año, y seguramente influyó grandemente en el gobierno de Iturbide para la elaboración de la primera ley de colonización, regresó a Texas no solamente con su ratificación sino además con un decreto imperial dispensador de concesiones a quienes las solicitaran para traer colonos, mediante el cumplimiento de requisitos fáciles de satisfacer.

También fue en suelo de Texas, en 1833, en donde se organizó la primera iglesia protestante metodista. Al año siguiente una iglesia bautista era establecida allí por Daniel Parker, quien interpretaba la ley mexicana de no fundar iglesias protestantes en suelo mexicano como si lo permitido fuera arribar a suelo mexicano con la iglesia ya fundada.

Es innegable que se trataba ya de una forma de penetración totalmente ajena e irrespetuosa de los intereses expresados en la legislación mexicana.  No hay que  olvidar que esto sucedía después de que la concesión otorgada  por España a Moisés Austin permitía el establecimiento de trescientas familias originarias de Luisiana, mediante las condiciones precisas de profesar el catolicismo, acreditar buenos antecedentes de moralidad y prestar juramento al rey de España. Y que poco después de la independencia, Esteban Austin llegó a México para solicitar la confirmación de dicha concesión, misma que le fue concedida hasta un año más tarde, en 1823. En 1824, cuando en México se establecía el régimen federal fue cuando se otorgó a los estados la facultad de legislar sobre materia de colonización; se ha visto ya como fue el estado de Coahuila el que dictó una de las leyes más liberales en esa materia. En abril de 1824, el señor José Antonio Saucedo, ministro encargado del Despacho de Relaciones Interiores y Exteriores, comunicaba al poder ejecutivo lo que a su vez había recibido del jefe político de San Fernando (sic) de Béjar a propósito de la ocupación indebida, por parte de familias angloamericanas, de algunos terrenos pertenecientes a la provincia de Texas.

Y como sabemos, no se equivocaba. Por otro lado, los documentos de las familias establecidas allí hacían referencia a la productividad que habían logrado, a las ventajas de la repartición equitativa de la tierra; al abandono en que se sentían por parte del gobierno. Querían que se publicaran las leyes de  México  en lengua inglesa, que se organizara una milicia y, por último, que llegara hasta allá el correo

En estos casos de respuesta del gobierno, se giraba en el sentido de que a él competía e l   estudio de   esas  posesiones,  y que  por   lo pronto convenía evacuar esos terrenos “quedándoles abierta la puerta del mérito a los individuos que profesan la religión católica, apostólica y romana”.

En cuanto a los mexicanos residentes allí, la información sobre sus condiciones de vida y sus cualidades no resulta muy alentadora. “Esta población heterogénea estaba   repartida de una  manera muy desfavorable para la fracción mejicana. Los extranjeros poseían las tierras más ricas de la zona y se concentraban en ellas; los mejicanos eran en su mayor parte de la antigua población presidial, heroica y diseminada en lugares de gran peligro, junto a los desiertos”.

La fricción entre los mexicanos y los norteamericanos, en Texas, probablemente fue inevitable. Los mexicanos, acostumbrados a siglos de paternalismo español, no estaban preparados para aceptar las responsabilidades que los angloamericanos asumieron inmediatamente. Los norteamericanos de Texas,   agresivos,   y   mu y confiados en sí mismos, tenían la certeza de que su forma de vida era más libre, más sana, más feliz, y superior   en  todos   respectos a la de   los  mexicanos.

Es evidente que el camino elegido no conducía, por ningún motivo al fin deseado.   Tarde llegaron las urgentes medidas de Lucas Alamán para contener la fuerza de la colonización anglosajona. Aunque el gobierno no liberal encabezado  por  Santa Anna y Gómez  Farías dio marcha atrás en las propuestas de Alamán, y en una entrevista con Austin, Santa Anna autorizó la entrada de los norteamericanos   a  Texas, la aparente mejoría de las relaciones entre colonos y gobierno fue momentánea.

Los norteamericanos de Texas estaban desconcertados con los giros de la política mexicana y la incertidumbre sobre su situación. El gobierno mexicano se mostró indiferente ante la necesidad de fomentar la educación y el cumplimiento de las leyes, y no dio esperanzas a los norteamericanos de que se separaría a Texas del estado de Coahuila. Esta falta de atención así como las actitudes opuestas  hacia la religión y la esclavitud, contribuyeron al nuevo giro que puso en  peligro el futuro de los vecinos anglosajones y latinoamericanos.